Más de 40 organizaciones campesinas, indígenas y populares presentaron una denuncia mediante iniciativa ciudadana contra los congresistas que promovieron y aprobaron el Decreto 107-2026. Sostienen que la normativa favorece intereses privados, facilita desalojos y vulnera derechos territoriales y garantías constitucionales. Foto portada: La alianza campesina, indígena y popular de Honduras…
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